El desahucio de Maricarmen fue la gota que colmó el vaso de la indignación de los/las trabajadores/las y los pueblos, desencadenando movilizaciones multitudinarias contra una de las consecuencias de la barbarie capitalista, la especulación con la vivienda, y contra sus fieles representantes, como el Gobierno “progresista” de Sánchez-Díaz o la ultraderecha PP-VOX-Junts.

Los dos reales decretos sobre vivienda aprobados por el Consejo de Ministros son una conquista directa del movimiento y demuestran que la lucha sirve; sin embargo, desde GTR-CI denunciamos que no pasan de ser cambios cosméticos que no tocan para nada el carácter de la vivienda como una mercancía con la que especular. Como mucho socializan las pérdidas que se puedan causar a las empresas y rentistas por su aplicación.

– Escudo antidesahucios hasta 2030 para vulnerables. Al tener fecha de caducidad, es pan para hoy y hambre para mañana. Además es el Estado burgués quien decide quién es vulnerable y quien no, y si el casero es un gran tenedor o una empresa, las Comunidades Autónomas tienen la obligación de buscar una alternativa habitacional; pero si no la consiguen, serán dichas CCAA – o el Estado – quien pagarán las rentas debidas. De esta manera, el capital privado no pierde nada, lo pagamos entre todos.

– Prórroga de 2 años para los contratos de alquiler. Otra medida temporal que además pierde vigencia si, obligado/la por la presión del rentista, el/el inquilino/la se ve forzado a firmar un nuevo contrato de alquiler para seguir pudiendo habitar la vivienda.

– Renovación automática del contrato de alquiler. Es una medida distinta a la anterior que, sin embargo, el rentista puede puentear de las mismas formas. En caso de que el rentista incumpla esta medida, tendrá que abonar una indemnización al inquilino/a equivalente a 12 meses de renta, que en el caso de los grandes tenedores no es más que calderilla a cambio de un nuevo piso para especular.

– Tope del 2% a la subida de los alquileres. Esta medida consolida unos precios de alquiler que ya son prohibitivos para los/las trabajadores/las al no incluir una rebaja obligatoria de los mismos.

– Aumento de la carga fiscal sobre las Viviendas de Uso Turístico. Esta medida sólo conseguirá que los rentistas inflen aún más el precio de las VUT, y esto repercutirá en el alza generalizado de los precios de la vivienda.

– Regulación del fraude en alquileres temporales y habitaciones. El Real Decreto termina delegando – en la mayoría de los casos – en el/la inquilino/a la iniciativa de presentar una denuncia para que la Administración pueda investigar el fraude de ley; por tanto, se mantiene la situación de indefensión del inqulino/a.

– Veto de 2 años a fondos buitre y SOCIMI. Además de ser nuevamente temporal, fondos buitre y SOCIMI pueden seguir comprando vivienda mientras sea por encima del 70% de su valor de tasación, es decir, pueden seguir especulando sin problema. Para mayor burla, cuando se trata de viviendas derivadas de ejecuciones hipotecarias – desahucio mediante -, ni siquiera aplica este porcentaje.

– Programa “Tu casa” (créditos ICO al 0% para la entrada). De nuevo, transferencia de dinero público a manos privadas a través de préstamos, para seguir inflando el negocio de la vivienda y la especulación inmobiliaria.

– Incentivos del IVA al 4% para construir vivienda protegida. De nuevo, subsidio a cargo del erario público para constructores privados.

Los partidos reaccionarios – PP, VOX, Junts -, contrarios incluso a conceder la más mínima migaja, pusieron el grito en el cielo. Pero esto no puede hacernos caer en el “malmenorismo” y el apoyo a los reales decretos antiobreros del Gobierno, sino que la clase trabajadora debe organizarse con independencia  y trazar un Plan de Lucha en el que la primera tarea central sea la construcción de una gran Huelga General desde los centros de trabajo, de estudio (universidades, institutos) y barrios obreros, constituyendo asambleas donde se discuta y vote ese Plan de lucha.

La lucha por una vivienda digna avanzará si los/las trabajadores/as paramos el mundo. En este sentido, celebramos el llamamiento de la CIG a las manifestaciones de este fin de semana y emplazamos a los sindicatos estatales mayoritarios, CCOO y UGT, a seguir su ejemplo.

La solución al problema de la vivienda consiste en que esta deje de ser una mercancía y se convierta en un derecho universal e inalienable, como parte de la lucha por una vida digna, cuestionada por la especulación que el capitalismo hace con todo: este mes los precios, de promedio, subieron un 4.9%, principalmente en bienes de primera necesidad como la alimentación o los combustibles.

Este objetivo estratégico es irrealizable en los marcos del sistema capitalista y por eso luchamos por la transformación socialista de la sociedad. Pero, mientras nos veamos obligados/as a vivir en este sistema de barbarie, consideramos fundamental luchar por las siguientes medidas de transición:

• Prohibición de todos los desahucios sin alternativa habitacional pública y digna.
• Contratación indefinida real para todos los alquileres.
• Fin de las bonificaciones y subsidios públicos a los rentistas.
• Garantía pública de empleo a jornada completa para todos/as los/as trabajadores/as; porque sin salario no hay vivienda.
• Aumento de los salarios, como mínimo, en función del aumento del IPC real, es decir, el costo de la vida de las familias trabajadoras, así como su actualización automática.
• Reducción drástica del precio de los alquileres, que no superen en ningún caso el 10% del salario de cada trabajador/a.
• Fin a la concesión de nuevas licencias VUT y revocación de las que están en vigor.
• Derogación de las leyes que mercantilizan el suelo y la vivienda (Ley Boyer, Ley del Suelo de Aznar, Ley de Arrendamientos Urbanos).
• Expropiación sin indemnización del suelo y las viviendas vacías en manos de grandes tenedores y fondos buitre, para ponerlas a disposición de un Parque Público de Viviendas de Alquiler Social, controlado por las organizaciones de la clase trabajadora.