La lucha por el derecho a la vivienda, protagonista de la lucha social a partir de la crisis del 2008 contra los miles de desahucios, continua en los últimos años en el rechazo ante la abusiva subida de los alquileres. En la actualidad, mientras los salarios se mantiene alrededor del SMI (1200 €), las medias del alquiler suponen entre un 65% y un 95% del salario. Esta situación es inasumible para cualquier persona que dependa de él.

Entendiendo, además, que nos encontramos en medio de la disputa por la hegemonía mundial entre las grandes potencias imperialistas (EEUU, Rusia, China, los imperialismos europeos agrupados en la UE,…), solo cabe esperar que la situación habitacional, lejos de resolverse, se va a agravar. Cada euro destinado a las políticas de rearme puestas en marcha por todos los gobiernos de la UE -el del Estado español incluido- irán contra cualquier medida laboral o social, ya sea en las luchas por el convenio (metal, comercio textil, alimentación, etc.), educación (huelgas en el Pais Valenciá o, especialmente, las del 0-3), sanidad contra su desmantelamiento y, por supuesto, la vivienda. Llevamos años escuchando que debemos ajustarnos el cinturón, y que no hay dinero para mejoras sociales, pero está claro que si lo hay, pero conscientemente se destina a la industria de la guerra.

Hoy por hoy todas las reivindicaciones pasan, de un modo urgente y necesario, por agrupar las luchas bajo premisas antiimperialistas y contra el rearme. De otro modo, las posibles conquistas se convertirán en papel mojado cuando lleguen los ajustes para asumir el pago de la deuda generada por las inversiones en armamento. Para eso está el art. 135 de la Constitución, aprobado por el PP y el PSOE, anteponiendo el pago de la deuda a cualquier otro gasto.

Debemos luchar por medidas reales que no sean lavados de cara, y para ello es preciso replantearnos la lógica del sistema capitalista: apostamos por la necesaria desmercantilización de la vivienda, que es un derecho básico para cualquier persona, y en concreto para la clase trabajadora. Por ello, hay que actuar contra las leyes que la convirtieron en una mercancía, derogando la ley Boyer, que liberalizó los alquileres, y la ley del suelo de Aznar, que convirtió todo el suelo en urbanizable, abriendo la puerta a la privatización y la especulación.

El pago de las necesidades básicas, de las que la vivienda es una de ellas, es cada vez más insoportable para las familias obreras, por ello debemos exigir una subida generalizada y continua de salarios acorde al coste real de la vida, una “escala móvil de salarios”. En este sentido, las organizaciones sindicales deben defender la implementación de esta escala móvil como una herramienta para que la clase obrera no siga empobreciéndose, perdiendo poder adquisitivo, acompañado de la exigencia de topes a los precios en la “canasta básica” como alimentación, vestido, etc.

Ahora bien, en el caso de la vivienda, por la salvaje subida de los alquileres, se hace necesario exigir, no solo el establecimiento de topes a los precios, sino su bajada inmediata y generalizada. Por ello, las medidas del gobierno PSOE SUMAR, por ejemplo las aplicadas en las llamadas “zonas tensionadas”, son meros parches que engañan a la sociedad que, además, se sustentan en bonificaciones fiscales a los propietarios, resultando que las raquíticas bajadas las terminamos pagando entre todos y todas con dinero público. La única manera de garantizar el poder adquisitivo de la clase obrera pasa por vincular al salario el tope de gasto en vivienda que no debe superar, en ningún modo, el 10% del SMI.

Nos dicen que hay escasez de vivienda y que esto encarece los precios. Mentira!; sí existen, hay cientos de miles de pisos vacíos que siguen en manos de bancos, especuladores inmobiliarios y organizaciones estatales como el SAREB. Por otro lado, no debemos olvidar que la vivienda lleva vinculada una serie de servicios necesarios para nuestra subsistencia, que deben estar asegurados, como la luz o el agua, que deben estar blindados. La nacionalización, tanto del suelo como de la vivienda, junto con la de los suministros, tiene como objetivo la creación de un Parque Público de Viviendas controlado por las organizaciones obreras y vecinales.

Desde GTR – CI entendemos que el único modo de dar solución al problema de la vivienda, como al resto de las luchas sociales, pasa por plantar cara a este sistema y resolver de raíz los problemas estructurales que acarrea. Para ello es imperante forjar la unidad de la clase obrera y de sus luchas, pues todas tienen el mismo origen, y están sufriendo los ataques derivados de la situación internacional y su economía de guerra.

En concreto, es necesario profundizar en la organización desde la base y su coordinación de un modo sostenido en el tiempo y centralizando convocatorias, como en el caso de la que vivienda que tiene un carácter estatal; cada una con sus propias reivindicaciones, pero con el foco puesto en los ejes comunes que las unen.

Es necesario que las distintas organizaciones que hacemos parte de estas luchas (organizaciones obreras, sindicales, juveniles, sociales, vecinales, etc.) llevemos a los barrios, centros de trabajo y estudio, etc., todas estas reivindicaciones y, desde ahí, levantar una alternativa independiente e internacional capaz de llevarlas a cabo hasta las últimas consecuencias.

Ni casas sin gente, ni gente sin casas!

Por un Parque Público de Viviendas dignas y asequibles!

Gastos Militares para viviendas sociales!