La separación de la Iglesia católica y el Estado español es, junto a la conquista del derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas y la abolición de la reaccionaria monarquía borbónica, una de las tareas democráticas centrales para echar abajo el régimen filofranquista y capitalista del 78. Dichas tareas no fueron resueltas por la burguesía cuando aún era una clase revolucionaria, y hoy corresponde a la clase trabajadora llevarlas a cabo.

El carácter aconfesional del Estado español implica que formalmente no tiene una religión oficial; sin embargo, dicho carácter permite al estado mantener relaciones de cooperación y/o financiación con las iglesias. En este caso, el Estado español privilegia de manera evidente las relaciones con la Iglesia católica, manteniendo y “dando un lavado de cara” al nacionalcatolicismo franquista, por lo que, si bien el catolicismo no es la religión oficial sobre el papel, sí que lo es de facto. El Concordato de 1979 entre el Estado español y el Vaticano mantuvo “atada y bien atada” esta alianza estratégica.

La Iglesia católica recibe más de 12.000 millones de euros anuales de financiación pública directa; disfruta de exenciones fiscales millonarias en gran parte debidas a las inmatriculaciones; es una de las mayores terratenientes urbanas y, a través de sus diócesis y órdenes religiosas, especula con la vivienda y es responsable directa de los desahucios de muchas familias trabajadoras; es además titular del 85% del patrimonio histórico del Estado español y de todos los beneficios que genera (mientras que los gastos de restauración y mantenimiento de dicho patrimonio corren a cargo del Estado); controla casi la mitad de los centros educativos sostenidos con dinero público y tiene una importante inserción en el sistema sanitario; cuenta con fuerte presencia institucional en el ejército y goza del beneplácito y la protección de los tribunales de justicia del régimen del 78. Por todos estos motivos, una verdadera separación iglesia-estado solo puede encararse desde un planteamiento, no solo aconfesional, sino laico, en el que las instituciones públicas se declaren totalmente al margen de cualquier asunto religioso y no financien a ninguna iglesia.

La relación privilegiada entre el Estado español y la Iglesia católica queda aún más expuesta con la visita del papa León XIV a Madrid, Catalunya y Canarias. La Conferencia Episcopal Española cifra el coste oficial de la visita en 25 millones de euros de dinero público, pero esa cifra es todavía mayor, puesto que excluye el dispositivo sanitario extraordinario, las horas extra del personal público, las obras de acondicionamiento que han tenido lugar en Madrid y Barcelona, y las infraestructuras cedidas gratuitamente.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado declarar la visita como “acontecimiento de excepcional interés público” y activar la Ley de Mecenazgo, que brinda deducciones fiscales de hasta el 90% a las empresas patrocinadoras. El Gobierno PSOE-SUMAR también ha aprobado el despliegue de 23.500 agentes de las fuerzas represivas entre las 3 comunidades autónomas – el mayor dispositivo policial desde 1978 -. Todo ello mientras el propio gobierno estatal y los gobiernos autonómicos desmantelan los servicios públicos y los derechos laborales y habilitan autobuses gratuitos para los peregrinos, mientras cierran estaciones del Metro de la clase trabajadora con motivo de la visita.

La Iglesia católica es una gran empresa multinacional, que sustenta sus ingentes beneficios en la prédica de una doctrina científicamente imposible de demostrar, basada en la resignación individual y social, y es además una institución fundamental del orden social capitalista, puesto que contribuye a perpetuar la explotación y las opresiones que sufrimos la clase trabajadora a lo largo del mundo, mediante la propaganda de una ideología profundamente reaccionaria.

La Iglesia católica no ha pedido perdón por su papel en el golpe de Estado de 1936, ni por su complicidad con la dictadura (Patronato de Protección a la Mujer, niños robados…). Está atravesada por la pederastia de manera estructural; pero las asociaciones de víctimas de abusos sexuales cometidos por clérigos, que llevan años reclamando verdad, reparación y la reanudación en el Congreso de la Ley de Imprescriptibilidad de los delitos de abuso, aún paralizada, no figuran en ningún encuentro oficial durante la visita de León XIV; además, se ha posicionado abiertamente en contra de derechos civiles fundamentales como el aborto y la eutanasia, y no reconoce la bendición de parejas del mismo sexo.

La Iglesia católica no tiene ningún tipo de legitimidad para dar lecciones de moral, como la que intenta dar León XIV con su paso por Canarias, con motivo del drama migratorio de millones de trabajadores/as obligados/as a abandonar sus países de origen, como consecuencia del sistema capitalista – en su fase imperialista – que la propia Iglesia católica sostiene y defiende.

Durante su visita, León XIV se ha reunido con Felipe VI y con Pedro Sánchez – con quien comparte algunas críticas en relación a la política belicista de Trump – y ha pronunciado un discurso en el Parlamento.

GTR-CI, considerando que, más allá de lo que diga la Constitución del 78, el Estado debe ser una institución laica, nos oponemos frontalmente a la visita institucional del papa León XIV y a la utilización de dinero y recursos públicos para llevarla a cabo. Denunciamos también el papel del Gobierno PSOE-SUMAR que, lejos de su fraseología progresista, se alinea con los herederos políticos del franquismo, PP y VOX, para blanquear a la opresora y criminal Iglesia católica y perpetuar su papel en las entrañas del Estado español.

La lucha por la separación radical de la Iglesia católica y el Estado español pasa necesariamente por derogar el Concordato de 1979; eliminar toda financiación pública a la Iglesia católica; obligarla a pagar sus impuestos (Impuesto sobre Bienes Inmuebles y otros); expropiar sin indemnización todos sus bienes inmatriculados y expulsarla del sistema educativo.

Estas medidas, y el resto de tareas democráticas pendientes, así como las reivindicaciones sociales y laborales de la clase trabajadora, tienen que ser enarboladas en el marco de un proceso continuado de lucha, organización y movilización, en la perspectiva de una Federación Ibérica de Repúblicas Laicas de los/as Trabajadores/as.