Artículo de opinión elaborado por Fabiana y Julia

Los servicios públicos están quedando reducidos a la mínima expresión porque la mayoría han sido privatizados y vendidos al mejor postor, a las grandes compañías multinacionales. Esto afecta tanto a la sanidad y a la educación como a las residencias y a la educación infantil (0-3 años). Por un lado, vemos cómo nuestros datos personales son vendidos a Indra —empresa cómplice con el genocidio en Palestina— y, por el otro, cómo proliferan las empresas de armamento destinadas a la destrucción de seres humanos. Esa es la política del gobierno de Sánchez, así como la de todos los gobiernos europeos y de casi todo el mundo.

El sector educativo del Estado español está saliendo a las calles. Desde las profesoras del ciclo 0-3 hasta las de los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP), Institutos de Educación Secundaria (IES) y universidades. Se movilizan en las comunidades autónomas de Valencia, Catalunya, Madrid y Galicia, todas ellas bajo un lema común: en defensa de una educación pública, inclusiva y de calidad; contra la privatización; por la bajada de ratios, la reducción de horas lectivas, la subida de salarios y unas condiciones dignas para el alumnado y el profesorado.

Mientras la comunidad educativa sale a defender los servicios públicos, el Gobierno de Sánchez y su ministro Marlaska responden con cargas policiales que dejan los derechos democráticos por los suelos.

La educación pública: ¿regalada o conquistada?
Las últimas grandes movilizaciones del profesorado en el Estado español tuvieron lugar en los años ochenta (1984-1988) contra la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) del gobierno de Felipe González. Aquella ley abrió la puerta a los colegios concertados, financiados con dinero público en detrimento de los centros públicos. Se protestaba también por la masificación de las aulas (hasta 45 alumnos por clase), la subida de los salarios y las pensiones; una situación muy parecida a la actual.

Más de 530.000 docentes secundaron los 43 días de huelga y movilizaciones a nivel estatal en la histórica huelga de la primavera de 1988, bautizada como *El Maestrazo*. Lograron la equiparación salarial y la reducción de ratios, a 25 alumnos por aula. Esta huelga sirvió además de ensayo para la del 14 de diciembre del mismo año contra el Plan de Empleo Juvenil, que fue todo un éxito y obligó a Felipe González a guardar el proyecto en un cajón.

No podemos dejar de mencionar que, si bien estas huelgas fueron importantes, tuvieron su base en las movilizaciones estudiantiles durante toda la transición política. Desde los años 1970 contra la LGE hasta y 1987, protestaron con dureza mediante huelgas y manifestaciones a las que el gobierno de UCD como del PSOE, con su ministro de Educación José María Maravall, respondió con cargas policiales y detenciones.
Para que la memoria quede y se transmita: la lucha por una educación pública no fue un regalo, sino el fruto de  grandes movilizaciones, con presos políticos, detenciones y muertes como el asesinato de Yolanda González estudiante de 18 años a manos de la ultraderecha.

Hoy vuelven a salir a la calle y a ellas se unen las educadoras de las escuelas infantiles (0-3), que exigen la bajada de ratios, la subida salarial, la estabilidad laboral, la reversión de las externalizaciones y la defensa de la educación pública.

Durante los gobiernos tanto del PSOE como del PP, así como de sus confluencias en las comunidades autónomas (PNV, CiU…), se ha privatizado cada vez más la enseñanza. Por citar solo un muestreo, actualmente hay 47 universidades privadas frente a 50 públicas, destacando en el sector privado Navarra, Madrid y Catalunya en contraste con Castilla-La Mancha, que no tiene ninguna. Donde realmente entró el capital privado fue en los IES y en los CEIP subvencionados con dinero público. En todo el Estado hay algo más de 28.000 centros educativos; en el curso escolar 2021/2022, más de 19.000 eran públicos y más de 9.000 privados o concertados. En el Estado español se destina entre el 12% y el 17% (depende de la CCAA, destacando Madrid y el País Vasco como las que más) de todo el gasto público en educación va a parar a los centros concertados, de los cuales las tres cuartas partes pertenecen a la Iglesia Católica.

En Galicia, el presupuesto de la Xunta en educación para 2025 es menor que hace 17 años, habiendo cerrado 174 centros públicos. Al mismo tiempo, otorga ayudas de 5.200 euros a 75 colegios e institutos privados para la contratación de profesorado de inglés, mientras no invierte ni un peso en lo público. En la educación de 0 a 3 años, mantiene la gratuidad para financiar a las escuelas infantiles privadas, que controlan más de 10.000 plazas de las 32.000 que se ofertan.

Defensa de la escuela pública en todo el currículum escolar
«En defensa de la educación pública» puede parecer una frase meramente construida que se repite como un mantra. Aunque lo parezca, la defensa de los servicios públicos va más allá del título: tiene un profundo contenido político, socil e ideológico.

Antes de la llegada de las políticas neoliberales (años 70-80) y de su ideología basada en el individualismo, el conjunto de la sociedad asumía lo que suponía el Estado del bienestar: unos servicios públicos que garantizaban la igualdad, la equidad y el acceso universal a los derechos básicos para todas y todos, independientemente de sus ingresos y su posición social, protegiendo a las personas más vulnerables. El Estado español, como dice su Constitución, «se constituye en un Estado social y democrático de Derecho» y debe garantizar estos servicios a través de los impuestos, porque son prestaciones básicas —como el agua— que deben quedar fuera del beneficio y del lucro.

Esta política neoliberal ha sido aplicada por todos los partidos políticos en mayor o menor medida. Lo evidente es que estos servicios públicos se están privatizado y se han introducido en el mercado del lucro y los beneficios, dejando lo público como algo meramente testimonial o, como mejor se conoce aquí, como beneficencia en manos del Estado. Esto nos devuelve a dinámicas de la época de Franco, como estamos viendo en estos días con la visita del Papa, recibido en el Parlamento de un Estado que se autodefine como aconfesional y que debería representar a toda la ciudadanía española.

Continuidad en la lucha
La clase obrera italiana está marcando el camino al vincular directamente el aumento del presupuesto destinado al rearme militar con los recortes en los servicios públicos. Ellos sostienen que «los conflictos armados internacionales reducen directamente el poder adquisitivo de la clase obrera y la calidad en la atención social… Cada euro para la industria armamentística es una pérdida para quienes trabajan, estudian o requieren asistencia médica». Blanco y en botella. Por ello, han convocado varias huelgas generales que han paralizado el país, uniéndolas a la solidaridad con el pueblo palestino.

La clase obrera Italiana tiene razón. Todos los recortes, la privatización y el deterioro tienen un hilo común: el pago de la deuda a los bancos y el rearme. Aquí, varias «mareas» recorren el Estado español (Sanidad, Educación, Pensiones, Bomberos/as…) en defensa de los servicios públicos, contra la precarización, el avance de la privatización y las malas condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de dichos sectores. Es necesario unificar todas las luchas a nivel estatal en defensa de los servicios públicos y por revertir todo lo privatizado.

¡Avancemos hacia la huelga general como la clase obrera italiana!