Mientras se intenta disolver la importancia política del caso Kitchen, presentado cómo si fuera un caso de corrupción de los tantos que se dan en el Estado Español, la realidad es que eso es falso.

El caso Kitchen enraíza en la existencia de un “estado profundo” que en la época de Felipe González, el de los GAL, se llamaban las “cloacas del estado” y una Transición que respetó los poderes fundamentales del franquismo, la policía y el aparato represivo, el poder judicial y la monarquía: era a concreción del “atado y bien atado” que había dicho el dictador.

La desaparición de los GAL hizo que las actividades de los grupos para policiales se redujeron casi totalmente; tras la disolución de ETA y la estabilidad social de los años 90 y comienzos del siglo XXI no hacía necesaria su activación. Pero la profunda crisis del 2007 / 8, que anunciaba el caos actual, salta el 15 M, la crisis social y política del 2014 con las Marchas de la Dignidad y la dimisión de Juan Carlos I, que de un salto de cualidad en el 2017 y el proces catalán.

En estas condiciones de crisis del regimen del 78 el ”estado profundo” se activa de nuevo, primero para derrotar al 15M y sus consecuencias políticas con la entrada de Podemos en el gobierno, el capital español no puede admitir que el control de “su” estado este en manos de unos “desarrapados” hijos del 15M y de las Marchas que habían provocado la dimisión de su amado, y consentido, Juan Carlos I.

Si a eso le unimos la crisis catalana, íntimamente ligada al proceso de lucha social abierto el 15M, el régimen reactivó todas las fuerzas que los años anteriores estuvieron dormidas, incluidas las que están dentro del PSOE con los González y Guerra a la cabeza. El odio a Pedro Sánchez no viene de que este sea un transformador de nada, sino que es hijo de la derrota del gobierno “legítimo” del régimen, el de Rajoy, que fue desalojado por una moción de censura encabezada por Sánchez.

El capital castizo que tiene en el régimen del 78 y el PP sus principales portavoces, como herederos directos de la dictadura que son, lanzó desde aquella una feroz campaña contra el gobierno de Sánchez, primero contra su aliado Iglesias y Podemos, y ahora contra el propio PSOE, al que consideran un advenedizo que traicionó al PSOE original, el de Felipe González y Alfonso Guerra.

Usaron, y usan, todos los medios a su disposición para cerrar definitivamente las grietas abiertas el 15M; como dijo Aznar hace dos años, “quien pueda hacer, que haga”, y a eso estuvieron policías, jueces, medios de comunicación, y demás aparatos del “estado profundo”.

LA CORRUPCIÓN Y LA KITCHEN

Como en toda clase social desde el Plan de Estabilización del 58 la burguesía española está dividida de una manera transversal en facciones históricamente enfrentadas, entre los que sacan sus beneficios directamente del saqueo de los presupuestos estatales, lo que algunos conocen cómo “capital castizo” o “capitalismo de amigos”. Este sector se agrupa alrededor, principalmente, de las grandes constructoras y empresas de servicios que tienen su sede en Madrid (el palco del Bernabéu cómo sede central), y el capital industrial que no precisa de una manera directa de los presupuestos estatales, sino de legislación antiobrera que le permita superexplotar a la clase trabajadora. Sus intereses, aunque comparten del régimen del 78 y la UE como marco de la explotación y saqueo, son en ocasiones contrapuestos. El caso más agudo de estas contradicciones es el catalán, el vasco y, en menor medida, el gallego.

La corrupción va ligada a esta estructura del capital español, por eso es endémica; el régimen de Franco se basó en ese “capital castizo” y la estructura centralista del Estado, que le confiere un poder que va más allá de su peso económico. Por eso el PP y Vox están tan histéricos con la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, la facción del capital que ellos representan viven de su control, que constituye la base de la corrupción estructural del régimen del 78, como puso de manifiesto la Gürtel y la condena del PP cómo “beneficiario” de la corrupción.

Para protegerse delante de la persecución de un sector de la judicatura progresista, el PP desde el gobierno utilizó los medios del “estado profundo” que antes habían servido para perseguir los movimientos sociales con el Batallón Vasco Español (asesinato de Yolanda González), los GAL, y recién la investigación de Podemos o la infiltración de policías en organizaciones sociales, de solidaridad, etc.

Tan arraigado está el PP, y su heredero Vox, como portavoz del aparato del estado, y principalmente en el Poder Judicial, que cada vez que quieren defenderse, no precisan contratar abogado, cambian de juez; o cuando quieren atacar a alguien, siempre tienen un juez que admitirá sus historias más estrambóticas.

Lo que se juzga en la Kitchen es la existencia de este “estado profundo” que escapa al control de las instituciones de la democracia burguesa; por eso todos los medios, el gobierno e incluso las fuerzas de la izquierda son tan cuidadosos cuando hablan del tema lo hacen bajo la consigna de la defensa la independencia judicial en el Estado Español, lo que es evidentemente falso: la doble vara de medir en todos los juicios y procesos abiertos es notoria.

Cuando se trata de juzgar a representantes directos del régimen y sus portavoces, el PP y Vox, los procesos se alargan hasta que en muchos casos, se archivan porque prescriben. Por el contrario, cuando los imputados son las fuerzas independentistas, progresistas o incluso el PSOE, los juicios son casi sumarios, se resuelven en pocos meses y siempre con sentencias condenatorias ya prefijadas.

La Kitchen no es un caso más de corrupción, es la expresión de un aparato del estado que el capital utiliza, no solo para proteger sus negocios turbios, sino también, y cuando lo precisan, contra los movimientos sociales, como ya hicieron en muchas ocasiones.

La corrupción endémica en el Estado Español hace que el “estado profundo” que existe en todas las democracias burguesas tenga unas características específicas, que hace que la lucha contra ambos tenga un punto en común: la depuración de la judicatura, de la policía, etc., de los elementos neofranquistas se liga directamente a la lucha contra el Régimen del 78; no es posible esa depuración sin romper con el régimen del que son una de sus patas fundamentales.

La Kitchen es la manifestación de una profunda crisis en el régimen del 78, donde Vox juega al papel del “rebelde” contra ese régimen para proteger su esencia antidemocrática. Frente a esta crisis únicamente cabe una alternativa democrática, la convocatoria de una Asamblea Constituyente donde se rompa abiertamente con las herencias franquistas, acabando con la monarquía, separando la Iglesia Católica del Estado, derogando la Ley de Amnistía/Punto Final y depurando el Poder judicial de elementos neofranquistas, que reconozca el ejercicio del derecho a la autodeterminación de las naciones. Es decir, hacer justo lo que no se hizo en la Transición, romper con el franquismo.

LA CLASE OBRERA NO PUEDE QUEDAR EN SILENCIO

El carácter de clase de la justicia fue definido por Carlos Lesmes, expresidente del TS y del CGPJ, cuando afirmó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) estaba «pensada para el roba gallinas» y no para el gran defraudador. El régimen del 78 no únicamente es heredero del franquismo con unos “administradores” antidemocráticos que no fueron tocados en la Transición: la monarquía, el poder judicial y el aparato represivo, sino que tiene un profundo carácter de clase: el 60% de los que se sientan en el IBEX 35 son herederos de fortunas construidas al calor del franquismo, y que también fueron amnistiadas en la ley de “punto final” del 77.

Más claro, el agua; la sucesión de sentencias condenatorias contra trabajadores y trabajadoras en lucha, las “seis de la Suiza”, activistas sindicales y populares, así como artistas ligados a la clase obrera como Valtonic o Hassel lo evidencia. Mientras, los defraudadores, policías y políticos corruptos y demás, se pasean libremente por las calles, ellos cumplen hasta el final las condenas, o, en el mejor de los casos, son “indultados”. Un “indulto” supone el reconocimiento de que se ha cometido un delito, por lo que no es la alternativa: solo la amnistía lo es.

Que el gobierno del PSOE, burgués e imperialista, se defienda aludiendo a la “independencia del poder judicial” y “dejar que los jueces hagan su trabajo” es lógico, son una institución del mismo régimen que los une al PP, y no van a profundizar en su crisis rompiendo con el poder judicial.

Lo grave es que las organizaciones progresistas y la mayoría de organizaciones de la clase obrera se mantengan en la misma política de llamar a confiar en las instituciones del régimen bajo el argumento de que “hay jueces honestos”. ¡El problema no es que haya jueces honestos, es que la institución está atravesada por su carácter de clase y heredera del franquismo! Así, cuando un Juez se sale del acuerdo de la Transición, la “ley de amnistía/punto final” del 77, e intenta procesar a representantes del régimen o bien es apartado de la instrucción o directamente inhabilitado.

La política es la “guerra con palabras”, en forma de leyes y sentencias, y sus ejecutores del poder judicial son los instrumentos de la clase burguesa contra la clase obrera y sus derechos democráticos conquistados, hoy en peligro de profundos recortes que los vaciarían de contenido. Lo sucedido en Argentina, EEUU, Italia, El Salvador, etc., nos muestra el camino que pretenden, recorte en todos los derechos sociales y democráticos dejando solo la formalidad del voto cada cuatro años, que también suprimirían, si lo consideren necesario para la defensa de sus intereses de clase.

Por eso el PSOE es parte del problema; ninguna de sus promesas de derogar la Ley Mordaza han sido cumplidas. De la reforma que el gobierno de Rajoy hizo del Código Penal, convirtiendo en delito los piquetes de huelga, ni hablar. Las libertades democráticas se ciñen al derecho a votar cada cuatro años a gestores del sistema; la lucha obrera y popular queda limitada por las diferentes leyes y unos jueces neofranquistas en su mayoría.

Salvo el derecho de huelga, que todo gobierno busca limitar como sea a través de los servicios mínimos o reformas del Código Penal, las libertades burguesas no son un fin en sí mismo, sino que permiten un marco de organización para luchar contra el sistema capitalista y sus regímenes.

La clase obrera no puede quedar al margen de este golpe de estado judicial que se está llevando a cabo: ¿si condenaron y enviaron a la cárcel o exilio a sectores de su propia clase como la burguesía independentista catalana, han amenazado con ilegalizar partidos burgueses como el PNV, destruyeron a través de la “policía patriótica” (verdadera policía política del régimen) un partido que había institucionalizado la fuerza transformadora del 15 y las Marchas de la Dignidad, PODEMOS, y ahora han condenado a todo un Fiscal General del Estado y persiguen la destrucción del actual PSOE, para reconstruir el “viejo” y amigable PSOE de Felipe González, que no harán contra la clase obrera y los sectores oprimidos?.

La pasividad de la mayoría de las organizaciones de la clase obrera, separando artificialmente las cuestiones sociales y laborales de los retos políticos, es una enorme debilidad de nuestra clase que allana el terreno para que en esta ofensiva todos los sectores de la burguesía lleven la iniciativa.

No podemos separar el belicismo que atraviesa las contradicciones inter imperialistas y la ofensiva contra los derechos de los pueblos oprimidos, de los ataques contra la clase obrera; lo estamos viendo en el día a día de algo tan cotidiano como la negociación colectiva: todos los sectores de los empresarios están presentando propuestas de convenios, desde el comercio hasta el metal, que de fraguar, significarían profundos retrocesos en los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. No es ninguna casualidad que los ataques a las libertades vayan de la mano con buscar imponer retrocesos en las condiciones de vida y en los derechos sociales.

Por todo ello, las organizaciones sindicales y políticas de la clase obrera no pueden permanecer en silencio y pasivas ante los ataques a los derechos políticos que están llevando a cabo. Es necesario construir desde la base un Frente de las organizaciones de la clase obrera, que ponga en el centro la derogación de toda la legislación represiva de la lucha social (ley mordaza, reformas del Código Penal) y exija la depuración del poder judicial de jueces neofranquistas, incorporando también las reivindicaciones laborales y sociales de la clase obrera y los pueblos oprimidos por el Estado español.

Las cúpulas de CCOO y UGT son un escollo más que evidente, puesto que sus ataduras financieras y políticas al régimen son muy profundas, pero tras ellos hay miles de trabajadores y trabajadoras que sufren las consecuencias de estos ataques a los derechos políticos y sociales; por eso tenemos que emplazar también a las direcciones de estos sindicatos a sumarse a la construcción de este Frente, para poner en contradicción su carácter de “brazo social” del régimen burgués del 78 con las reivindicaciones de la clase obrera y los pueblos, con el objetivo de que estos miles de trabajadores/as que les siguen rompan abiertamente con los que son una de las principales garantías de estabilidad del régimen y de sus instituciones antidemocráticas como el poder judicial, y se sumen a la lucha unitaria.

En este sentido también emplazamos a las direcciones de los sindicatos nacionalistas del Estado español (CIG, LAB, ELA, etc.) a que contribuyan a construir este Frente y además rompan con la lógica del “marco autónomo de la lucha de clases” que juega en contra de la imprescindible unidad de la clase trabajadora de todo el estado.

Como se gritaba en los años 80: “Sí, sí, unidad… pero para luchar”.