Con la imputación del expresidente Zapatero, el golpe blando que se está dando desde instancias judiciales, PP /VOX, y con ciertos medios de comunicación actuando de altavoces, ha dado un salto cualitativo.

El carácter internacional del caso Zapatero

Por sus relaciones con Venezuela y el papel habitual que cumple como intermediario con Caracas, el caso de Zapatero supone una internacionalización de la ofensiva política contra el gobierno de Sánchez. El salto cualitativo es la intervención directa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, como informó la CNN el pasado 20 de mayo. Ya no es un problema meramente interno, estamos ante la injerencia directa del imperialismo estadounidense a través de sus “emisarios”, el PP y VOX. En los días previos a la imputación de Zapatero, Ayuso, Feijoo y Abascal mantuvieron reuniones con el embajador estadounidense.

La causa principal de este salto es el giro del gobierno del PSOE – con el apoyo de la cabeza del régimen, Felipe VI – en la política internacional: la disputa con Trump sobre la cuantía de los gastos militares, el reconocimiento formal e hipócrita del Estado palestino, la denuncia de la agresión a Irán, y, por encima de todo, la estrecha relación que el Estado español está manteniendo con los BRICS en general, y con el imperialismo chino en particular, arrastrando además a otras potencias en este camino (tras Sánchez y Felipe VI, visitaron China el presidente francés y el primer ministro británico).

Está claro que la administración Trump, que sostiene al genocida Netanyahu, que intervino Venezuela y secuestró a Maduro, que ataca países como Nigeria hace unos meses y ahora Irán, que mantiene un bloqueo naval (acto de guerra donde los haya!) contra Cuba, ordena la detención de uno de sus líderes históricos (Raúl Castro) y se prepara para la intervención directa en la isla, no se iba a quedar quieta ante un gobierno como el de Sánchez, que está cuestionando la unanimidad europea alrededor de la hegemonía estadounidense.

La imputación de Zapatero y la defensa de las libertades democráticas
Desde la reunión secreta de Feijoo con los fiscales conservadores que denunció la periodista Àngels Barceló, y el “quien pueda hacer que haga” de Aznar, las sucesivas campañas del poder judicial contra el gobierno de Sánchez ponen bajo sospecha la credibilidad de los autos que los diferentes jueces han emitido. La imputación de Zapatero, la velocidad a la que ocurre el juicio contra Begoña Gómez o la condena del Fiscal General del Estado, contrastan con la lentitud con la que avanzan los procesos contra el PP, la policía patriótica o Cristóbal Montoro, y demuestran que el aparato judicial se mueve en un único sentido: todo aquel que sea molesto a los intereses del régimen del 78, así sea parte del propio régimen, como el PSOE, tiene que ser retirado de la vida política a la mayor brevedad posible. El auto contra Zapatero, de cuya redacción se podría “inferir” que la sentencia ya está dictada, es además un atentado contra uno de los principios básicos del derecho burgués, la presunción de inocencia, y una vuelta a los métodos del franquismo; un informe policial ya es casi una sentencia gritada a los cuatro vientos por los medios de comunicación, incluidos los progresistas. ¿Para qué queremos a jueces, abogados y demás, si con un informe policial ya está resuelto el problema? Esto era lo que sucedía en la dictadura: era la misma policía la que investigaba, acusaba y sentenciaba, mientras que el juez solo ponía su firma a lo que ya estaba decidido.

Partimos de la base de que la corrupción estructural es una característica fundamental del sistema capitalista, que atraviesa a sus multinacionales y a sus parlamentos, pero consideramos que si alguien tiene que procesar a Zapatero, como a cualquier dirigente burgués que haya robado y/o atentado contra los derechos políticos y sociales de los trabajadores y trabajadoras, no son los jueces de un poder judicial neo-franquista, al que no reconocemos ninguna legitimidad, sino los mismos trabajadores y pueblos afectados por esas políticas.

¿Porqué estamos ante un golpe de estado?
Un golpe de Estado judicial (o «golpe blando») es un proceso político prolongado en el tiempo mediante el cual un grupo de poder – a menudo desde las propias instituciones del estado, como el poder judicial – erosiona progresivamente el orden constitucional, las libertades civiles o el sistema democrático. A diferencia de un golpe militar tradicional, que se caracteriza por ser una acción violenta, rápida y sorpresiva, el golpe continuado se desarrolla de forma gradual, estableciendo unos límites cada vez más estrechos a los derechos políticos y sociales.

Esta es la esencia del “golpe blando”: no necesitan sacar los tanques a la calle sino que “cancelan” por la vía judicial a los elementos molestos. La pregunta es obvia; si esto lo hacen con miembros de su propia clase – la burguesía – como el Fiscal General, Zapatero, los políticos independentistas burgueses catalanes, ¿qué no harán con miembros de la clase obrera y los oprimidos? Altsasu, la Suiza, Hasél, Valtònyc,…han sido unos de sus primeros objetivos.

Lo decisivo en el juicio contra Zapatero es el efecto político que la extrema derecha española lleva buscando desde hace años a través del golpe de estado judicial: cerrar definitivamente las consecuencias políticas y sociales del 15M y del procés catalán, para imponer un retroceso histórico en los derechos políticos y sociales de la clase obrera y los pueblos. El propio Feijoo dijo a los fiscales en la reunión de 2023, que derogarían toda la legislación que no les gustara, y de hecho es lo que ya están haciendo en las CCAA que gobiernan con VOX.

El gobierno Sánchez, el freno a la solución
Ante un golpe de estado, sea este “blando” o “duro”, es clave no confundir a la clase trabajadora y los pueblos con fraseología vacía de contenido sobre la “democracia”, como es la que aquí se hace alrededor de la “independencia del poder judicial”, cuando es un hecho que son todo, menos independientes.

El ejemplo más claro de cómo un golpe de estado (en este caso duro, militar) avanza gracias a la política conciliadora de un gobierno de izquierdas está en Chile de 1973. El 23 de agosto de ese año Allende nombra a Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército llamando a confiar en su “tradición” de subordinación al poder político. Ni un mes después se produce el golpe de estado y la dictadura que masacró a miles de chilenos.

El gobierno de Sánchez y sus aliados “progresistas” ante el evidente “golpe blando”, siguen insistiendo en que la justicia pondrá las cosas en su lugar, porque dicen confiar en su independencia. Sin embargo, los hechos demuestran que hay dos varas de medir por parte del poder judicial y sus portavoces ante la opinión pública, con un objetivo político claro: poner un gobierno que termine de eliminar todas las conquistas sociales que el PSOE no eliminó en estos años y que se cuadre de manera absoluta ante el imperialismo estadounidense.

Organizar la defensa de las libertades democráticas
El gobierno PSOE-UP surgió de una moción de censura contra el gobierno de M. Rajoy para desactivar el 15M, un gran movimiento popular en ascenso, cuya organización atravesó las calles, las plazas y la vida política de todo el estado. A M. Rajoy no lo sacaron del gobierno ni Sánchez ni Iglesias; la burguesía los utilizó como herramientas para cooptar a los movimientos sociales más activos del momento, como las mujeres, los pensionistas,… y así cerrar la crisis abierta en el 2014 con la dimisión de Juan Carlos I, la entrada en escena de las Marchas de la Dignidad, y el procés catalán de 2017.

Sánchez y su aliado Iglesias hicieron lo que ya habían hecho Felipe González y Carrillo, o el propio Zapatero y Llamazares, subirse a la ola de la movilización social (contra la OTAN en el primer caso, Nunca Mais y contra la Guerra de Irak en el segundo), para cooptar al activismo, desactivar la movilización social y sacar la política de las calles para encauzarla hacia el Parlamento burgués.

Para ello tenían que hacer concesiones, sin lugar a dudas; pero estas fueron a ciertos sectores sociales que habían protagonizado las últimas luchas, como el movimiento feminista, no a la gran mayoría social representada por la clase trabajadora. Tampoco revirtieron los recortes en los derechos políticos; y ya no digamos en la política internacional, donde Podemos incluso se plegó a la OTAN.

No fueron derogadas ni la reforma laboral de Zapatero ni la posterior de Rajoy, ni la ley 15/97 de sanidad fruto del pacto PP-PSOE, ni la privatización de las pensiones de todos ellos, ni leyes antidemocráticas como la ley de partidos, la ley mordaza o la reforma del código penal de Rajoy, que criminaliza los piquetes de huelga. El gobierno del PSOE, primero con UP y ahora con SUMAR, fue continuista en lo fundamental, tan continuista que hasta pactó el Consejo General del Poder Judicial con el PP, y ahora están sufriendo en sus carnes el haber dejado en sus manos del “gobierno” de los jueces.

Con estos antecedentes, está claro que la defensa de las libertades políticas y sociales amenazadas hasta la raíz por la derecha y la extrema derecha, no puede quedar en manos de PSOE-SUMAR, sino que es tarea de las organizaciones obreras y populares prepararse para defenderlas. Y el primer paso es decir claramente a los trabajadores y trabajadoras, a los pueblos, que estamos asistiendo un golpe de estado blando, que tiene el objetivo de restringir nuestras libertades al máximo, o incluso suprimirlas.

Retrasar este reconocimiento juega a favor de la extrema derecha que está acumulando fuerzas desde hace años para atacar los derechos políticos y sociales. Esta acumulación de fuerzas se ve fortalecida por la injerencia de EEUU en su lucha contra China por la hegemonía mundial. Por eso, el papel de las organizaciones progresistas, nacionalistas y demás aliados del gobierno, es nefasto, pues con la teoría del “mal menor” llaman a confiar en unas instituciones que o bien son parte activa de ese “golpe blando”, o bien, por la pasiva le abren las puertas.

Tras el fiasco de la guerra Irán, las huelgas italianas de apoyo al pueblo palestino y contra el rearme, el levantamiento del pueblo boliviano, la profunda crisis interna en los EEUU, los golpes que la resistencia libanesa le está dando al sionismo, el “trumpismo” como vanguardia de la extrema derecha mundial está en crisis, y esto afecta a sus seguidores en el Estado español.

Es un momento en el que hay que comenzar a pasar a la ofensiva sin caer en la teoría del “mal menor”. Para conseguir la derrota de la extrema derecha, es necesario enfrentar y desenmascarar al gobierno de Sánchez desde la movilización y la independencia política de la clase obrera y los pueblos del Estado español. Este gobierno está bajando los brazos ante el golpe de estado “blando”, contribuyendo al blanqueamiento de la judicatura neofranquista, y allanado así el terreno para que PP y VOX puedan descargar sobre nosotros/as toda su política liberticida.

En este camino, las organizaciones obreras y populares debemos exigir la depuración inmediata del aparato judicial neo-franquista del régimen del 78 mediante la elección democrática de jueces y fiscales, en la perspectiva de la convocatoria de una Asamblea Constituyente, construida desde las luchas y la movilización, y echar al vertedero de la Historia la Constitución del 78, que entre otras cuestiones, niega el derecho a la autodeterminación de los pueblos, mantiene a la Iglesia Católica en las entrañas del estado, nos impone un rey en pleno 2026, y cuyo artículo 135 dice que se debe pagar la deuda pública ilegítima antes que atender cualquier necesidad social.

La Asamblea Constituyente – máxima expresión democrática en el seno del estado capitalista – es una tarea que históricamente correspondió cumplir a la burguesía cuando aún era una clase revolucionaria, pero dado que la burguesía no la realizó, hoy nos corresponde a la clase trabajadora y los pueblos llevarla a cabo – y paradójicamente, contra esta misma burguesía -, por lo que hace parte del programa de la lucha por el socialismo en el Estado español.